¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE! 5 LECCIONES DE CHILE PARA EL PERÚ

Con una gesta histórica el pueblo chileno manifestó a sus clases dominantes que su actual constitución no va más. El 80 % de su población votante así lo expresó el domingo pasado; y elegirán el próximo 11 de abril a sus nuevos delegados y representantes, quienes tendrán hasta 12 meses para elaborar una nueva constitución para Chile. Un hecho histórico, que expresa el mayor poder popular surgido en Chile de los últimos 40 años, expresión natural de la fuerza de lucha de los trabajadores y de un pueblo unido contra la explotación y la miseria que imponen las clases dominantes. Aquí presentamos nuestras principales lecciones de este proceso.

Primera lección: La Constituyente es el resultado del poder popular surgido en Chile, expresado a través de asambleas populares e intensas jornadas de lucha unitaria.

Lo que inicio con una simple protesta de jóvenes estudiantes secundarios saltando por encima de los molinetes para rechazar el alza de las tarifas del metro de Santiago, terminó siendo la chispa de un movimiento nacional de protesta que en un determinado momento estuvo a punto de generar la caída del presidente Piñera; y que aún continua vigente

Las jornadas de lucha se caracterizaron por su masividad y combatividad, pero no se redujeron a simples manifestaciones de protesta, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas represivas; estas adquirieron sobre todo características embrionarias de poder popular y se desarrollaron a través de asambleas populares con ocupación territorial y la participación de las familias trabajadoras en procesos de auto organización de las masas a lo largo de todo Chile.

“…Diversos espacios de conversación autoconvocados conocidos como «cabildos abiertos o ciudadanos» comenzaron a ser organizados en todo el país, principalmente a nivel vecinal o junto a otras organizaciones de la sociedad civil, como juntas de vecino, universidades, sindicatos, etc. El objetivo de estos cabildos fue iniciar discusiones respecto a los problemas enfrentados por los ciudadanos, proponer cambios y soluciones a dichos problemas y plantear las acciones que debe realizar la ciudadanía para lograr dichos cambios…”[1]

En Santiago se formó la Coordinadora de Asambleas Territoriales Autoconvocadas (CAT). En Valparaíso se constituyó un cordón de cabildos, que asumió la coordinación de las asambleas populares independientes del poder oficial y los partidos del régimen. En Concepción, se conformó la asamblea popular provincial, que aglutinó a numerosas asambleas territoriales y movimientos sociales de la capital de dicha ciudad; y así a lo largo del territorio chileno se empezaron a formar diversas expresiones de auto organización popular que iban tomando decisiones políticas en pleno proceso de radicalización social.

Como fruto de este proceso, las principales centrales sindicales como la CUT y Unidad Social, se vieron empujados a participar, y convocaron a cuatro paros generales que, por primera vez en décadas; paralizaron completamente Chile, destacándose los gremios de trabajadores de la unión portuaria y los trabajadores mineros, quienes tuvieron una participaron muy activa durante todo este proceso.

Ninguna de las acciones del gobierno desde el reforzamiento de la política represiva hasta la concesión parcial de reivindicaciones mínimas pudo contener el estallido social, la consigna “Fuera Piñera” al lado de la exigencia por una “Asamblea Constituyente” logró arrinconar al ejecutivo y a todos los partidos del parlamento chileno, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, quienes no tuvieron otra opción que iniciar negociaciones para la elaboración de una nueva constitución.

Así nació lo que hoy se conoce como el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, un proceso constituyente, que si bien se podría comentar que está interferido y amañado por la derecha y los grupos de poder que intentan no cambiar demasiado lo existente, responde a la demanda y clamor nacional, y es un paso hacia adelante en las conquistas y reorganización del pueblo chileno para cambiar un orden impuesto a raíz de más de 40 años de política neoliberal.

Segunda lección: Los “Chicago Boys” fueron derrotados. Chile rechaza más de 40 años de política neoliberal.

El neoliberalismo surge en Chile con el golpe de Estado de Augusto Pinochet al gobierno socialista democráticamente electo de Salvador Allende en setiembre de 1973. Golpe militar que fue avalado y financiado por Estados Unidos; y que abrió el camino a 17 años de dictadura militar, donde las fuerzas armadas chilenas asesinaron, torturaron, encarcelaron y desaparecieron a miles de personas, pretendiendo liquidar todo atisbo de libertad democrática, de organización social y de la izquierda socialista chilena, de aquella época.

De esta manera Chile se convirtió en el primer gran experimento de políticas económicas neoliberales diseñadas, impulsadas y supervisadas por EE.UU. a través de la CIA y un conjunto de economistas conocidos como los Chicago Boys, que provenían de la facultad de economía de la Universidad de Booth en Chicago, liderados por el “arquitecto intelectual y asesor no oficial” del régimen militar chileno, el economista y político de derecha Milton Friedman.

El neoliberalismo en Chile promovió la privatización de las empresas estatales, la eliminación de obstáculos para la libre empresa de los grandes grupos económicos extranjeros; redujo el proteccionismo arancelario; el gasto social y la intervención reguladora del Estado; desvalorizó el peso en relación al dólar, y volvió a privatizar los bancos intervenidos por el gobierno democrático de Allende. Con la caída del gobierno militar en 1990 los grupos políticos de derecha que asumieron el gobierno de Chile mantuvieron la estructura económica impuesta por Pinochet profundizando los niveles de desigualdad y el incremento del costo de vida en este país.

De esta manera en Chile, al igual como sucedió en el Perú con Fujimori, su clase trabajadora fue víctima del golpe, y hasta el estallido social; a más de la mitad de su población se la condenó a contar con salarios menores a 560 dólares mensuales (400 mil pesos chilenos) cuando el costo de la canasta básica familiar es mayor de 1.100 dólares (840 mil pesos); asimismo, sus organizaciones fueron debilitadas, eliminando los convenios colectivos por rama de actividad, reduciendo su derecho a huelga y profundizando la flexibilización laboral, lo cual generó a su vez la atomización de sus organizaciones sindicales.

A ello se sumaron los procesos de privatización de las pensiones, condenando a miles de adultos mayores a la pobreza; asimismo, el sistema de salud se deterioró, limitando la atención en salud de más del 80% de chilenos, quienes hoy no cuentan con suficientes hospitales, insumos médicos, especialistas, medicinas ni capacidad de atención primaria oportuna. A eso se suma la privatización y carestía del sistema de transporte del metro y de los buses; así como los altos precios por agua potable, los elevados costos de educación que generaron entre el 2006 y el 2011 grandes movilizaciones por la enorme brecha entre la educación pública y privada: la especulación de precios en el acceso a la tierra rural y urbana, con lobbies empresariales que van desde las medicinas hasta el papel higiénico, la corrupción institucional y la impunidad desde los sectores más adinerados del país. La educación es el segundo gran tema que retroalimenta la inequidad.

Todo ello dio lugar a las reivindicaciones que impulsaron el estallido social de octubre y noviembre del año pasado; y que aún continúan vigentes. Este proceso de rebelión ha desbaratado toda la careta de bienestar que propugnaba Chile con ayuda de las clasificadoras de riesgo país internacionales; y se ha mostrado una sociedad que sufre y que está cansada de tanto abuso, la cual ha derrumbado toda la política económica; y el frágil pedestal sobre el que se erigió el supuesto éxito de su modelo económico.

«Si se rasca la imagen de Chile queda en evidencia una enorme injusticia social, cultural, económica y política. La buena imagen se sostenía sobre pilares débiles que se apoyaban, en gran medida, en la paciencia de un pueblo abusado que se cansó”[2]

Con la nueva constitución lo que se busca ahora es poner fin a los salarios de miseria, al régimen de las AFP; al negocio privado de la salud y la educación; acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso universal a la vivienda. Todas estas reivindicaciones mínimas constituyen una parte fundamental de un programa transicional en Chile, pues su simple formulación plantea desde ya un choque de fondo con todo el régimen imperante y la necesidad de la lucha por un gobierno de trabajadores, que garantice libertad, equidad y solidaridad

Tercera lección: Las fuerzas militares y policiales son en última instancia quienes soportan el sistema ilegítimo de los representantes del capital.

Así como en 1973 las fuerzas policiales y militares, a raíz del golpe de Estado pinochetista arremetió violentamente contra el pueblo chileno y su democracia popular; en el nuevo escenario de estallido social la situación no ha cambiado. La fuerza militar y la policía han sido a lo largo de la historia chilena y del todo régimen de explotación los garantes del modelo económico impuesto por la dictadura.

Los militares arremetieron con gran violencia las protestas que se extendieron a nivel nacional, lo que originó en envalentonamiento y capacidad de resistencia histórico de dicho país. Miles de manifestantes fueron víctimas de disparos directos a los ojos dejando a centenares de manifestantes tuertos o con traumas oculares graves.

La ONU denunció el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejaran de usar esos proyectiles de manera “inmediata”. Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) denunciaron a su vez la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas, entre ellos el de tortura y de abuso sexual, dejando en su haber 30 muertos, 2 mil heridos y más de 2 mil presos políticos, encarcelados por participar de alguna de las movilizaciones que se desarrollaron en todo el país chileno.

Sin embargo, este proceso no ha terminado, la derecha y la clase política dominante cuentan con otros aparatos para poder desarticular todo tipo de movimiento social de oposición al régimen imperante; y este es el sistema jurídico y la cárcel. Luego del “Acuerdo por la Paz” el presidente Piñera presentó, respaldado hasta hoy por la fuerza militar; un paquete de leyes represivas al parlamento “la ley anti saqueos y barricadas”, que fueron aprobados en diciembre del 2019 con el fin de meter una cuña al interior del movimiento de masas y criminalizar aún más la protesta social, prohibiendo los derechos a huelga en los llamados servicios de primera necesidad; la ocupación de edificios industriales, comerciales o agrícolas, y penalizando la realización de piquetes en todo Chile..

Este conjunto de acciones de opresión violenta nos revela el verdadero rostro de las clases dominantes, los reales intereses de la burguesía chilena, quienes además de tener control del Estado, lo erigen como un instrumento para la explotación y dominación de las clases oprimidas, utilizando la fuerza del ejército y la policía, como órganos independientes y separados del pueblo para su subordinación. Dicho de otro modo, la democracia burguesa formal es solamente otra manera de expresar la dictadura del gran capital, la cual tendrá que ser derrotada por la fuerza del poder popular, que se logra por la unidad de las clases oprimidas de Chile, su elevado nivel de conciencia política y sus perspectivas de futuro.

«Detrás de la fachada de imparcialidad, se ocultan los intereses de clase. No obstante, en períodos normales la gente se acostumbra a aceptarla sin cuestionar nada. Les parece normal e inmutable. Esto es comprensible puesto que nace con ella, y les rodea durante toda la vida. Sólo en momentos de graves crisis que sacuden la sociedad hasta sus cimientos, la gente empieza a romper con el peso muerto del hábito, la rutina y la tradición, y se enfrenta con la cruda realidad. En este momento, cuando los oprimidos empiezan a levantarse contra sus opresores, el Estado revela sus auténticos colores»[3].

Cuarta lección: Existe una fuerte crisis de dirección política: El pueblo chileno no tuvo uno o varios partidos de izquierda que encabecen y representen sus formas de lucha.

El estallido social chileno fue un rebalse de indignación, cansancio, molestia y espontaneidad de las clases oprimidas de Chile, quienes salieron a protestar de forma masiva, insurgente y combativa a nivel de todas las regiones de dicho país.

Entre los grupos movilizados y que participaron activamente está la clase trabajadora asalariada e independiente, los estudiantes secundarios y universitarios; asimismo participaron grupos identitarios con reivindicaciones específicas como son las organizaciones civiles de aportantes y pensionistas, de mujeres; y familias organizadas a nivel de sectores barriales o territoriales y un conjunto de agrupaciones políticas desde posiciones anarquistas hasta de posiciones de centro derecha. Todos ellos estuvieron aglutinados en el frente de lucha que se denominó la Unidad Social, donde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que agrupa un buen sector de los trabajadores sindicalizados de Chile, tenía una gran participación.

Aquí también tuvieron su espacio los partidos de izquierda chilenos, sin embargo, ninguno de ellos logró canalizar una representación definida en todo el movimiento social o en parte de él; su marasmo y desconcierto – o quizás intereses opuestos – los llevó a la dubitación política, y no supieron leer el contexto nacional hasta que éste comenzó a transformase en un proceso generalizado de rebelión popular; y al darse cuenta de ello, retrocedieron. De forma natural, la conciencia colectiva de las masas, los había ya identificado hace mucho; como parte de los mismos grupos del poder del régimen imperante, y por tanto; fueron incapaces de asumir radicalmente las demandas sociales.

Luego de plasmar su firma en el “Acuerdo por la Paz” el Frente Amplio (FA) chileno, coalición de grupos de izquierdas y de centro derecha formada a raíz de las movilizaciones estudiantiles del 2011, se desintegró. Por otro lado, el Partido Comunista (CP) de Chile – que ya contaba con el descredito de haber sido parte de la coalición Nueva Mayoría, encabezado por la ex presidenta Michelle Bachelet-, no firmó el “Acuerdo de Paz” pero su dirección política sí lo avaló; y es por ello que sus dirigencias de base retrocedieron en la consigna “Fuera Piñera” y en el llamado a la huelga general indefinida, demandada por la movilización social hasta hoy.

La CUT, siendo la central sindical más fuerte de Chile y que se encontraba bajo la influencia del PC, siguió por tanto la misma línea; y luego del paro del 26 de noviembre inició negociaciones con el gobierno logrando con ello una virtual tregua.

Paralelamente, entre el 4 y 5 de diciembre del 2019. Piñera iba a presentar un paquete de medidas jurídicas al parlamento, la “ley anti saqueos y barricadas” que criminalizaba aún más la protesta social; el Frente Amplio aportó algunos votos a favor y, junto al PC, otras abstenciones. La ‘izquierda’ parlamentaria del FA y el PC, daba nuevamente señales inequívocas de fidelidad al régimen[4].

En ese sentido, la ausencia de una direccionalidad política consecuente con los intereses del pueblo y que las masas sociales la reconozcan como tal se ha hecho sentir en el movimiento de masas; hay un divorcio entre la representación popular y las organizaciones políticas de izquierda que no están dispuestas a llevar al movimiento a un proceso de transformación profunda, sino más bien a reformarlo, conteniendo la protesta hacia canales de participación en el marco de las reglas jurídicas del propio régimen y sus leyes que les favorecen; que limitan la participación popular y los cambios necesarios en su país.

Quinta Lección: La forma que adopte la nueva Constitución será el resultado de otro proceso intenso en la lucha de clases de la sociedad chilena.

Con un discurso de unidad, la derecha encabezada por Piñera se ha puesto a la cabeza del mayor proceso social chileno que obligó al régimen y a los partidos políticos a impulsar un proceso constituyente, y es necesario visibilizar la hipocresía con la que actúan las clases dominantes de la burguesía chilena al querer asumir este logro del pueblo como suyo. No hay duda que las marchas de octubre y noviembre del 2019 fueron contundentes para que el plebiscito y todo lo que viene a partir de aquí sea posible en Chile.

Culminado el plebiscito del 25 de abril, ahora la población chilena deberá escoger en abril del 2021, a sus 155 representantes para La Convención Nacional, quienes tendrán hasta 12 meses para redactar una nueva constitución, la cual deberá ser aprobada por los dos tercios del total de sus representantes. Luego de ello, la población ratificará o rechazará la propuesta constitucional con otro plebiscito obligatorio; durante ese proceso habrá también elecciones presidenciales y la nueva constitución nacerá además con la elección de un nuevo presidente. En total, el ciclo para una nueva constitución en Chile demorará dos años de mantenerse el “Acuerdo por la Paz “, un tiempo excesivo para la gran mayoría de chilenos.

La estrategia del gobierno parece ser clara, utilizar el cansancio social y desarticular las dirigencias durante este largo periodo de diálogo constitucional para desvirtuar los intereses fundamentales del pueblo; y obtener un resultado que no afecte “mucho” los intereses de sus clases dominantes. La estrategia lleva además una fuerte campaña comunicacional con mensajes claves que van desde “llegar a grandes acuerdos” hasta entrar a un proceso de “reconstrucción nacional”. Un discurso fundamental desde la derecha política, que pretender seguir engañando con la falsa idea que se pueden conciliar sus intereses de lucro con las necesidades urgentes de la población.

Por otro lado, el camino al que arribe el pueblo chileno movilizado dependerá mucho de sus elementos internos, de su capacidad de elevar su conciencia política para mantenerse en pie de lucha durante este largo periodo a fin de lograr cambiar todo lo que debe ser cambiado. La agitación revolucionaria de los grupos de izquierda deberá insistir en remarcar la incompatibilidad de la satisfacción de las reivindicaciones sociales con el dominio del capital y de los partidos que los representan.

He ahí la importancia de un nuevo tipo de agrupaciones políticas que puedan ser consecuentes con las demandas del pueblo chileno, y que el mismo pueblo las reconozca como sus aliados o representantes. Nuestra historia de lucha de clases ya viene demostrando que la ausencia de una dirección política adecuada de las masas, les limita a conducirse unitariamente hacia un proceso de transformación profundo, siendo este un bastión importante y central para la coordinación nacional y para elevar la conciencia política del pueblo hacia procesos de transformación que la población y sus clases oprimidas demanden.

Esta oposición de intereses, que se superponen en la realidad y que se viabilizan nítidamente en un proceso de movilización social, no es más que la expresión de la lucha de clases en el seno de la sociedad, es decir la oposición de intereses entre clases explotadas y reprimidas y clases beligerantes que utilizan el poder político y la fuerza coactiva para mantenerse en una posición que le brinda privilegios económicos, políticos y culturales a costo del esfuerzo y trabajo de la gente.

Es por ello, que la plataforma programática popular chilena debe cerrarse a nivel de las asambleas populares que se han formado en los distintos territorios de Chile e iniciar la construcción de un poder popular alterno de vigilancia a los espacios institucionales del Estado burgués, desde lo local hasta lo nacional, profundizando los encuentros populares entre asambleas hasta lograr una asamblea nacional para todo Chile. Los llamados a ser representantes de la Convención Nacional deberían nacer de estas bases asambleístas; y estos rendir cuentas de su participación en la Convención Nacional. El debate por una nueva Constitución debería ser público y abierto a toda la ciudadanía que quisiera participar.

En síntesis, existen enormes condiciones para avanzar en esta dirección y es justamente, el desafío planteado.