LA CONFIEP SE CONSOLIDA EN EL PERÚ

El mensaje presidencial confirma el posicionamiento de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú CONFIEP  en el gobierno de Vizcarra. Un nivel de unidad en las filas de la burguesía que le permiten  entrar en un  periodo de ofensiva con un equipo ministerial preparado para ello, y que buscará beneficios económicos y politicos a fin de profundizar la reactivación económica a todo costo.

Lo que no ha dicho el presidente es que la inyección de inversiones que brindará el Estado peruano estará bajo la modalidad de las asociaciones públicas y privadas;  y tercerización de contrataciones con el sector privado, que natualmente será el sector afiliado a la CONFIEP. Con ello, el gobierno de Vizcarra demuestra una vez más, que no le importa la vida de los peruanos. Su mensaje presidencial vacío, lleno de «esperanza y propuestas» es parte de su estrategia discursiva de siempre; brindar  paliativos frente a las necesidades populares; y que desde la prensa burguesa se enarbolan como grandes acciones de entrega y unidad nacional.

Entre los paliativos ofrecidos, se encuentra un nuevo bono económico para todas las familias que fueron beneficiadas en el primer periodo de cuarentena nacional. El cual además de llegar tarde, es insuficiente porque no va de la mano de una estrategia de control de la pandemia ni va a resolver los problemas económicos ni de empleo que se ha generado en el páis, ni siquiera los de salubridad frente al colapso sanitario. Y sobre este punto está la mayor ausencia en sus palabras, porque nada se ha dicho de como resolver el estado de colapso en el servicio de salud público del país, más alla de una abstracta unificación de sistemas de aseguramiento, que no va ser una solución inmediata a los problema de las personas afectados por el COVID en el Perú.

Y ello es así, por que en el sistema de salud pública existe una finalidad de fondo, no utilizar los recursos económicos que tiene el Perú en sus Reservas Internacionales Netas (RIN) para cubrir la brecha sanitaria que necesita el país,  sino solo brindar pequeños proyectos de infraestrutcura con dotación de equipos médicos según vaya avanzando la pandemia; para que ello no afecte  los intereses de las ocho empresas privadas que dominan el mercado de salud hoy en día y que están además, afiliadas a la CONFIEP.

Hoy son 43 mil los muertos por COVID 19 que reconoce el gobierno a causa del virus o por causa relacionada al mismo;  y en ninguna lado del disurso presidencial se ha señalado como va a resolver  la pandemia en el país que se encuentra descontrolada; y si vamos a poder adquirir en un futuro cercano la vacuna para este mal, lo suficiente para todo el país. La ausencia de esta política de estado es parte de la resistencia del gobierno y de la CONFIEP de brindar una inversión adecuada en salubridad.

Pero ello no es todo, dado que el malestar es creciente y se viene generando un clima de indignación social,  germén de todo proceso de protesta y movilización,  el gobierno  ha garantizado a la CONFIEP y a los grupos empresariales contar con la fuerza del ejercito hasta finales de año para contener toda resistencia social que existe; bajo el discurso de que las fuerzas militares colaborarán con la segurdidad ciudadana, mantendrán a los militares en las calles como soporte a la policia nacional. De esta manera, la militarización del país cumple un rol disuasivo y tiene como fin atemorizar al pueblo para evitar manifestaciones.

El famoso llamado al «Pacto social»  muy comentado por la prensa, responde a un mensaje hacia los grupos políticos afines a los intereses de la burguesía; la intención es abrir un escenario de que evite la tendencia al conflicto que tienen el ejecutivo – legislativo. Esta contradicción no le conviene a la burguesía porque obstaculiza la legislación que se busca impulsar y la CONFIEP es conciente que una contradicción de ese tipo  retrasaría sus intereses.

Asimismo, el Pacto Social se orienta a buscar la continuidad del neoliberalismo y construir una o varias alternativas electorales que no confronte el avance político y económico de la gran burguesía en el país. Estos objetivos se han ido delimitando en las últimas semanas y el presidente Vizcarra sí los ha señalado muy bien en su último discurso a cargo de la nación.

Los tres objetivos del presidente y la ofensiva de la burguesía

El nuevo gabinete Cateriano se ha colocado para liderar el plan de reactivación de la gran burguesía en nuestro país. Fue el hombre fuerte de la CONFIEP para impulsar la Hoja de Ruta del ex presidente Ollanta Humala, y es hoy nuevamente el que impulsará la reactivación económica a la medida de la gran burguesía nacional, cueste las vidas que le cueste a la población trabajadora.

La necesidad del presidente Vizcarra de hacer este cambio, responde primero, al pedido de la CONFIEP de contar con un político de su confianza a cargo del gabinete ministerial, y segundo, como táctica política para iniciar negociaciones Ejecutivo-Legislativo, pero dicho conflicto no es lo que la gran burguesía necesita  para impulsar la legislación en su ofensiva económica.

Entonces, ¿cuáles son los intereses que la CONFIEP y del presidente Vizcarra para este nuevo periodo?

Primero, el destrabe e impulso de proyectos mineros en la sierra y selva del país.

El interés minero parte de una ofensiva ya planificada desde el año pasado por la CONFIEP, sustentada desde la Política Nacional de Competitividad y Productividad y que tenía como intención sacar una nueva Ley de Minería e Hidrocarburos que favoreciera a las grandes empresas trasnacionales para posicionarse en comunidades con recursos mineros; reduciendo las “trabas administrativas” en tiempo y requisitos; y flexibilizando la aprobación social que le debe dar la comunidad para su viabilidad.

Este interés no es de ahora, desde el inicio de la pandemia, presenciamos como las empresas mineras no paralizaron sus actividades extractivas en el periodo de cuarentena y sin importar si ello afectaba a sus trabajadores por el riesgo de contagio por coronavirus, hoy tenemos más de 3 mil trabajadores mineros contagiados y dos muertos.[1]

Asimismo, con el programa Reactiva Perú se favoreció a más de 30 mineras con montos de hasta 10 millones de soles[2]; y se flexibilizó la consulta previa a los pueblos indígenas, cambiando la modalidad presencial a virtual; en un territorio donde solo el 9% de las comunidades cuenta con internet.

En la última semana hemos visto como la CONFIEP presionó para evitar que el gobierno peruano ratifique el “Acuerdo de Escazú”, el cual es un convenio internacional de protección medioambiental que además protege a las poblaciones indígenas que viven en dichos ecosistemas; y que les da la posibilidad a las comunidades de llevar a juicios internacionales a las empresas mineras, en caso de daños medioambientales en sus territorios. (Ver video Wayka

En ese escenario, se sitúa el conflicto entre la población de Espinar en Cusco contra la mina Glencore-Antapaccay, y es la antesala de un periodo de ofensiva de la CONFIEP y el gobierno en el sector minero del país

Los proyectos con mayor inversión programados para el 2020 se sitúan en 8 regiones del país, entre las regiones de Ica, Moquegua, Ayacucho, la Libertad, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno[3]. Existe además el interés de destrabar los proyectos paralizados como Conga en Cajamarca, y Tía María en Arequipa.

Para esa acción, han puesto al nuevo ministro de energía y minas Rafael Belaúnde; quien ha sido parte de la empresa minera Argento y Remediadora Ambiental SAC[4], vinculado además a la Sociedad Nacional de Energía Minería y Petróleo, grupo minero que es parte de la CONFIEP.

Segundo,  beneficios económicos y normativos para los grandes empresarios y precarización económica y laboral de los trabajadores.

La segunda gran política de ofensiva será el debilitamiento de los derechos laborales del trabajador formal del país, a través de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que ya se han estado dando desde el inicio de la pandemia. Existe también un interés de debilitar la asociación sindical desde la política Nacional de Competitividad y Productividad.

Asimismo, ya se anunció por el nuevo ministro de trabajo, el pago tarde y fraccionado de las gratificaciones y CTS de los trabajadores ampliando el art. 12 del DL 1499 para que no solo sean las Mypes quienes se puedan acoger a este beneficio empresarial, sino todo tipo de empresa. El presidente Vizcarra también acortó las horas de descanso, refrigerios y días feriados como el 27 y 29 de julio, para incrementar las horas de trabajo de la clase trabajadora, sin que ello signifique mas salario o remuneración para los que van a trabajar en estos días.

En el caso de los trabajadores independientes, seguirán los contratos temporales dirigidos al sector construcción, como Arranca Perú y Trabaja Perú, para mantener ocupada a la clase trabajadora que no logrará asimilarse a las grandes empresas o que han sido despedidos en este periodo de cuarentena.

Visto desde una perspectiva de clase, esta es una acción para reducir el malestar social, bajando la tensión que se puede generar al dar beneficios económicos y legales a los grandes empresarios y, por otro lado, impide por el tipo de contrato, cualquier acción de sindicalización y fortalecimiento gremial en estos trabajadores, desde el marco laboral en el que nos situamos.

Habría que señalar también que la posición de Martín Ruggiero como ministro de trabajo, no es por favorecer en cargos importantes a la juventud, es porque mediante él se puede manejar y direccionar la política de trabajo en el país de acuerdo a los intereses de la CONFIEP. Desde la clase social, no importa si eres joven, mujer, indígena o adulto mayor; sino sobre todo los intereses que defiendes dentro del sector; y al igual que la ministra de economía, su rol y accionar está definido desde su nombramiento.

Tercero, un proceso electoral que garantice la continuidad del neoliberalismo en el nuevo gobierno.

La tercera prioridad es garantizar un proceso electoral que permita la continuidad del modelo neoliberal muy cuestionado en el país y que corroe la legitimidad actual de la Constitución de 1993; ya que viene madurando en distintos sectores del país la propuesta de impulsar una Asamblea Constituyente que la modifique.

La CONFIEP y la prensa burguesa son conscientes que este tema se encuentra en agenda nacional y se están encargado de no visibilizarlo. Es así que en las últimas reuniones de diálogo que está impulsando el ministro Cateriano con los distintos partidos políticos, el tema de las elecciones ha sido uno de los puntos de agenda y en ese sentido, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular buscarán mediar con el ejecutivo para poder levantar candidaturas en las próximas elecciones.

Para la CONFIEP y el gobierno, la Asamblea Constituyente es una de sus mayores preocupaciones y por el que vienen impulsando distintas modificaciones legislativas para que el siguiente proceso electoral haga más difícil la participación de los frentes de izquierda, y garantice el triunfo de partidos políticos afines a los intereses de la CONFIEP o con la posibilidad de manejarlos por su debilidad institucional.

Una mirada integral de la coyuntura: La estrategia de la gran burguesía desde el gobierno de Vizcarra

El presidente Vizcarra ha demostrado ser un experto palabreador, con la ayuda de la prensa burguesa (América TV. Frecuencia Latina. TV Perú, Canal N, ATV Noticias) y la opinión de ciertos investigadores de la “academia” ha logrado transmitir que la responsabilidad de la crisis del COVID 19 es culpa primero de la población “desobediente” que no acata las normas de distanciamiento social; y segundo, por los problemas estructurales que heredamos como país de gobiernos anteriores.

Esta estrategia comunicativa le ha sido a fin a la burguesía económica, y ven en el escenario de pandemia social la oportunidad de avanzar en su Política Nacional de Competitividad y Productividad, como parte del rescate económico que vienen impulsando. Para ello, utilizarán los recursos con los que cuenta el Estado para sus beneficios empresariales.

La forma en cómo se va a implementar, es a través de la invisibilización de las medidas que estén orientadas al beneficio de las clases dominantes con otras medidas “populares” que le permitan al presidente M. Vizcarra terminar su periodo con niveles de aceptación óptimos.

Hagamos de la lucha contra el COVID-19 y las próximas elecciones una lucha por una nueva Constitución

La ofensiva de la burguesía se da en un escenario de expansión de la pandemia por COVID 19 en el país, el cual está afectando la articulación de la protesta social con un nivel de desorientación en las clases oprimidas y los sectores sociales afectados, quienes quieren resolver los problemas de manera sectorial, tratando de arrancar al gobierno medidas particulares parciales. (Hemos profundizado sobre este tema en un anterior artículo)

Ello, no hace más que agravar la forma dispersa y desarticulada de las luchas populares y responde a la espontaneidad que se genera por la indignación social que todos vivimos. Y al no contar con un nivel de formación política adecuado, muchos no logran identificar al gobierno y a la CONFIEP como los causantes de las desgracias populares.

Parte de las debilidades del movimiento social también son nuestras propias limitaciones como grupos de izquierda, entre ellas nuestra maquinaria comunicativa; por lo que habría que avanzar en ampliar nuestros propios medios de comunicación masiva.

Resulta imprescindible desarrollar la denuncia política articulando los mensajes políticos entre todos los grupos de izquierda para visibilizar la responsabilidad de la CONFIEP y de M. Vizcarra frente a la crisis que vivimos por la pandemia del COVID 19.

Los únicos responsables para no dotar de materiales, equipos y personal médico necesario para combatir la pandemia, quienes hicieron un remedo del bono universal, e impulsaron que la cuarentena se rompa antes de controlar el virus en el país, sin importarles la salud y la vida del pueblo para que el gran capital siga haciendo negocios. Los últimos indicadores de contagios y muertos que está reconociendo el gobierno nos dan la razón en nuestras estimaciones que presentamos en anteriores artículos.

Por ello, debemos seguir levantando la consigna por un ingreso mínimo mientras dure la pandemia, retomar la cuarentena hasta controlar el virus en el país, incluyendo a la región de Lima; y demandar infraestructura, equipos, insumos y personal suficientes para combatir el COVID-19, considerando el aislamiento de todos los contagiados para no trasladar la responsabilidad de su atención a los familiares que no harán más que acrecentar el número de contagios.

Mientras la unidad de nuestras luchas esté debilitada, cualquier acción o movilización aislada de los trabajadores será invisibilizada por la prensa y el gobierno, por lo que habría que avanzar además en un escenario político que ponga a la derecha y los grupos de poder en cuestionamiento a sus mismos intereses.

Todas nuestras luchas deben estar de la mano con la lucha por una Asamblea Constituyente y una nueva constitución que revierta el caos que el neoliberalismo nos ha ocasionado como país, y es posiblemente una alternativa política de unidad que las centrales de trabajadores deberían visibilizar con mayor fuerza y todos los partidos de izquierda asumir.

Notas:

[1] https://wayka.pe/video-confiep-contra-el-medio-ambiente-todo-sobre-el-acuerdo-de-escazu/

[2] https://camiper.com/tiempominero/reactiva-peru-mineras-que-accedieron-a-monto-maximo/

[3] https://camiper.com/tiempominero/10-proyectos-impulsaran-la-minera-peruana-el-2020-cuales-son/

[4] http://cooperaccion.org.pe/el-gabinete-cateriano-y-la-mineria/

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